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El mes pasado, las tiendas especializadas en artículos de segunda mano de Washington D.C. recibieron visitas no deseadas: burócratas y policías que les decían que necesitaban licencias especiales, les amenazaban con multas cuantiosas y perturbaban su actividad.
Esta iba a ser la semana en la que el Departamento de Consumo y Asuntos Reguladores del Distrito empezara a tomar medidas contra los negocios que no respondieran solicitando la licencia, pero tras una campaña de peticiones en Internet y la amenaza de al menos un empresario de trasladar su tienda a Virginia, el DCRA se reunió con los empresarios afectados. Ahora la agencia ha anunciado en Twitter que la nueva normativa se someterá a comentario público este viernes:
Estamos proponiendo que los libros usados / tiendas de discos y tiendas de ropa vintage obtener una licencia de negocios en general, no la licencia de distribuidor de segunda mano.
La licencia de vendedor de segunda mano cuesta más de 700 dólares. Peor aún, exige que cada artículo comprado y vendido se comunique al Departamento de Policía Metropolitana.
La DCRA afirma que la ley que regula las licencias de los negocios de segunda mano lleva en vigor desde 1902. Sin embargo, el esfuerzo por hacerla cumplir contra estas tiendas parece haber sido una sorpresa: un recordatorio para todos nosotros de que los gruesos libros de leyes pueden contener peligros de los que no nos hemos percatado.
El retroceso de la represión es una buena noticia, pero sólo hasta cierto punto. Cuando la libertad de empresa se concede mediante la regulación, puede ser arrebatada por la regulación. Sólo la firme adhesión a los principios de los derechos puede proporcionar seguridad a todas las empresas, y a todas las personas que respetan los derechos.
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