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Abril/mayo de 2005 -- Una amenaza no reconocida a la libertad y prosperidad de cada estadounidense se ha extendido por todo el país, echando raíces en cada estado y condado. Su manifestación actual y más grave fue creada por una organización internacional con el objetivo explícito de sustituir la autonomía de los individuos sobre su propia tierra por un sistema de control colectivista que, en última instancia, destruye los derechos naturales de cada ciudadano. Sus armas para limitar la libertad incluyen consejos similares a la institución de los "soviets", de la que fueron pioneros los comunistas que en su día controlaron Rusia. Y, sin embargo, la mayoría de los estadounidenses lo ven como un intento bienintencionado de crear un planeta más limpio y mejor.
La Agenda 21 es la guía para aplicar el "Desarrollo Sostenible", concepto global de gestión humana adoptado por la cumbre de las Naciones Unidas celebrada en Río de Janeiro en 1992. El elemento de uso del suelo de la Agenda 21 se aplica en Estados Unidos bajo etiquetas como "Crecimiento Inteligente", "Planificación Integral", "Gestión del Crecimiento" o "Visión de la Comunidad". Utiliza a activistas políticos estadounidenses, políticos, académicos, agencias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sin ánimo de lucro y "empresas colaborativas" para fomentar un nuevo sistema económico; las llamadas "asociaciones público-privadas". Como resultado, está surgiendo una nueva forma de gobernanza que evoluciona fuera de los límites del marco legal y constitucional preexistente. Se pretende que consejos no electos gestionen toda la propiedad privada. Esta reestructuración está diseñada para restringir los derechos del propietario al uso y disfrute de su propiedad. Es crucial que los ciudadanos reconozcan la naturaleza de esta amenaza al individualismo estadounidense si quieren romper el dominio político que estos nuevos soviets ejercen sobre nuestras libertades.
En una sociedad libre, las instituciones políticas se construyen para proteger los derechos fundamentales de los individuos -incluidos los derechos de propiedad- tanto de la iniciación de la fuerza y el fraude por parte de otros individuos como del propio régimen político. Uno de los medios por los que se restringe al gobierno es el voto. Los ciudadanos votan a los legisladores, incluidos los miembros del Congreso de EE.UU., las legislaturas estatales, las comisiones de condado o los ayuntamientos. Votan a los miembros del poder ejecutivo, incluidos el presidente, los gobernadores, los alcaldes y los ejecutivos de los condados. Las deliberaciones legislativas están abiertas al público y los votos de los cargos electos son de dominio público. En última instancia, si los legisladores o los miembros del poder ejecutivo no satisfacen a los votantes, son expulsados en las elecciones programadas regularmente.
La democracia sin límites y los poderes concentrados y centralizados ponen en peligro la libertad. Por eso la Constitución de Estados Unidos asigna al gobierno federal poderes limitados y enumerados. Este concepto constituye el marco de la experiencia estadounidense: el gobierno existe para proteger los derechos individuales mediante la aplicación de los principios de justicia igualitaria. Por eso los poderes del gobierno -ejecutivo, legislativo y judicial- están separados y limitados. Los Fundadores de Estados Unidos dificultaron intencionadamente que las mayorías violaran los derechos naturales de una minoría, incluso cuando la minoría no es más que una persona.
Uno de los principales problemas, especialmente desde la Segunda Guerra Mundial, ha sido la cesión por parte de los legisladores de su autoridad legislativa a burocracias reguladoras no elegidas. La elaboración de normas por parte de estas burocracias no recibe el tipo de atención y no está sujeta al tipo de controles que frenan a los legisladores. Sin embargo, todavía existen algunos controles: las normas propuestas deben publicarse, deben celebrarse audiencias públicas y las agencias están sujetas a restricciones impuestas por las legislaturas, como los requisitos de análisis de costes y beneficios. Pero este problema de derogación se agrava, al sumarse a él las burocracias "regionales".
Los controles se han vuelto poco prácticos e ineficaces. Incluso en el ámbito local, el volumen de reuniones de "visión", anuncios legales, audiencias públicas y comentarios del público da lugar a una voluminosa elaboración de normas que requeriría legiones de ciudadanos incluso para supervisar e informar de las actividades.
Muchos de los asaltos modernos a la propiedad privada se han producido en nombre del ecologismo, y no es ningún secreto que muchos defensores de tales políticas no pretenden simplemente producir un planeta más limpio sino, más bien, la eliminación de la libre empresa y librar gran parte del planeta y de América de la presencia de seres humanos.
La Agenda contiene supuestos socialistas de guerra de clases redactados en lenguaje ecologista.
Los asaltos al uso del suelo han adoptado una forma nueva y peligrosa gracias a la adopción por parte del gobierno federal, mediante orden ejecutiva, de la iniciativa "Desarrollo Sostenible" (Agenda 21) de las Naciones Unidas. El Desarrollo Sostenible requiere un programa mucho más sistemático, dirigido de acuerdo con un plan central dispuesto globalmente, que el que hasta ahora se encuentra en las normativas locales o incluso federales. El término, Desarrollo Sostenible, se definió en el Informe Bruntland, Nuestro Futuro Común, de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU como "el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades". Ese informe sentó las bases para la Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo o Cumbre de la Tierra de Río en 1992, en la que 178 gobiernos, incluido el de Estados Unidos, acordaron la Agenda 21. Esta Agenda y muchos documentos posteriores ofrecían una descripción detallada de las políticas que supuestamente darían lugar a un "desarrollo sostenible."
La Agenda contenía los supuestos habituales de la guerra de clases socialista, pero redactados en lenguaje ecologista. Por ejemplo, el capítulo 4 explica que "las demandas excesivas y los estilos de vida insostenibles de los segmentos más ricos de la humanidad ejercen una inmensa presión sobre el medio ambiente. Los segmentos más pobres, mientras tanto, son incapaces de satisfacer sus necesidades alimentarias, sanitarias, de vivienda y educativas. Este patrón, que agrava la pobreza en el mundo, es motivo de grave preocupación."
Pero como muestran claramente dos índices diferentes de libertad económica, uno elaborado por la Fundación Heritage y otro por una coalición internacional de think tanks encabezada por el Instituto Fraser de Canadá, la mayor correlación con la prosperidad es la libertad económica y con la pobreza, la represión económica. Sin embargo, el Preámbulo de la Agenda afirma que para alcanzar sus objetivos "será necesaria una nueva ayuda financiera sustancial para los países en desarrollo". Además, el Artículo 8 del Proyecto de Pacto sobre Desarrollo Económico para la Agenda afirma que "la equidad se logrará... mediante transferencias de recursos a los países en desarrollo." Por supuesto, esto seguiría a los cientos de miles de millones de dólares en ayuda estadounidense que se han vertido en esos países en las últimas décadas sin ningún resultado, aparte de apuntalar a los gobiernos que mantienen a su propio pueblo en la pobreza negándoles la libertad económica.
La Agenda 21 ve en los gobiernos la respuesta. En el Preámbulo se afirma que "el desarrollo sostenible es ante todo responsabilidad de los gobiernos, lo que requerirá estrategias, planes y políticas nacionales". Y el capítulo 4 afirma que para producir un desarrollo sostenible, los gobiernos deben esforzarse por "promover la producción eficiente y reducir el consumo derrochador." Estados Unidos presenta informes periódicos a las Naciones Unidas para validar el cumplimiento por parte de la nación de los programas y calendarios de la Agenda 21.
Lo que estas afirmaciones significan realmente para la mayoría de los estadounidenses lo explicó Maurice Strong, Secretario General de la Cumbre de la Tierra de Río y multimillonario canadiense del petróleo, quien escribió que "los actuales estilos de vida y pautas de consumo de la clase media acomodada -que implican un elevado consumo de carne, el uso de combustibles fósiles, electrodomésticos, aire acondicionado en casa y en el trabajo, y viviendas suburbanas- no son sostenibles." El estilo de vida que tanto les costó ganar a los estadounidenses es el objetivo explícito de la Agenda 21. Aún más ominosas para la libertad fueron las palabras de Harvey Ruvin, del Consejo Internacional para las Iniciativas Medioambientales Locales, que también es Secretario del Tribunal de Circuito y del Condado de Miami-Dade, Florida. Definió bien la cuestión cuando dijo que "los derechos individuales tendrán que pasar a un segundo plano frente a los colectivos".
En las zonas rurales de los países desarrollados, el objetivo del proyecto Wildlands de Agenda 21 es eliminar la presencia humana de "al menos" el 50% del paisaje americano, según Reed Noss, redactor de la publicación trimestral del proyecto, Wild Earth. Eso significa eliminar carreteras, puentes, presas, granjas, casas y cualquier tipo de actividad productiva. En todo el país, las políticas sostenibles están expulsando de la tierra a propietarios forestales, ganaderos, agricultores y otros residentes rurales. Una oleada de servidumbres de conservación patrocinadas por ONG está preparando los paisajes rurales para la pérdida de la autoridad de gestión privada. Sin autoridad de gestión se pierde la naturaleza privada de la tierra y se avanza hacia los objetivos del Proyecto Wildlands.
La versión urbana de la Agenda 21, normalmente bajo el nombre de Crecimiento Inteligente, pretende concentrar a la población en centros urbanos más densamente poblados y con opciones de transporte limitadas. Dicho de otro modo, el Crecimiento Inteligente es una guerra contra los suburbios con casas unifamiliares con grandes patios y personas que se desplazan principalmente en automóvil.
La Agenda 21 es una especie de manual que promueve la acción local para iniciar el proceso de aplicación de las políticas de Desarrollo Sostenible. Cualquier actor puede iniciar el proceso. A menudo se trata de un representante de una organización no gubernamental (ONG). Las ONG están acreditadas por las Naciones Unidas, la mayoría para impulsar políticas sostenibles. El proceso también puede iniciarlo un organismo regulador federal o un burócrata. También puede iniciarlo un funcionario de la administración local.
Las facturas iniciales suelen pagarlas fundaciones exentas de impuestos. Entre ellas figuran la Fundación Rockefeller, Pew Charitable Trusts, la Fundación Turner, la Fundación Packard, la Fundación Carnegie y la Fundación McArthur.
Los instrumentos institucionales que los activistas pretenden establecer son los llamados consejos de partes interesadas. Los activistas pueden publicar un anuncio en la prensa local anunciando una iniciativa para abordar uno de los numerosos problemas que se alegan: el agua, el suelo, la fauna, los costes de la vivienda, el transporte, etc. La parte iniciadora puede convocar a otros activistas locales -miembros del Sierra Club y otras organizaciones sin ánimo de lucro ecologistas y empresariales- para asegurarse de que asisten a la reunión.
Está surgiendo una nueva forma de gobierno extraconstitucional.
Las reuniones suelen estar dirigidas por facilitadores remunerados. El objetivo de los facilitadores es llegar a un "consenso" sobre el problema que se va a abordar. Esto suele implicar muchas reuniones, subcomités y similares. Al final se elaboran planes de acción o "mejores prácticas de gestión". Por supuesto, las acciones de estos consejos no tienen fuerza de ley. Pero normalmente los consejos han colaborado estrechamente con funcionarios de la administración local afines a sus causas. Estos funcionarios pueden conseguir que el ayuntamiento, la comisión del condado u otro organismo adopte las recomendaciones del consejo.
A veces, un organismo regulador federal, estatal o local con jurisdicción sobre alguna cuestión de uso del suelo en una zona concreta, por ejemplo, sobre el uso del agua o la fauna salvaje, puede limitarse a emitir las recomendaciones del consejo como su política.
El concepto de Desarrollo Sostenible de la ONU es antitético a la libertad individual y a la libertad económica. Es, filosóficamente hablando, insostenible. En este contexto, el desarrollo se refiere al uso de materiales naturales como la tierra, los bosques, los ríos, el agua y similares. La noción de Desarrollo Sostenible asume que, si no son gestionados por algún organismo colectivo, estos materiales serán destruidos por los propietarios individuales. El Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Hábitat de 1976 afirmaba: "La propiedad privada de la tierra es también un instrumento principal de acumulación y concentración de riqueza y, por tanto, contribuye a la injusticia social... El control público del uso de la tierra es, por tanto, indispensable".
Esta idea juega con la noción de que los recursos son limitados. Sin embargo, no existen los "recursos naturales". En el mundo sólo hay materia y energía que los seres humanos, con nuestras extraordinarias mentes, somos capaces de aprovechar para nuestra supervivencia y bienestar. El petróleo, por ejemplo, hace siglo y medio, no era un recurso para un agricultor que lo encontraba filtrándose en su tierra; hacía que la tierra no valiera para cultivar o pastar animales de granja. Sólo cuando el hombre descubrió cómo utilizarla para calentar las casas, hacer funcionar generadores eléctricos y propulsar aviones y automóviles, se convirtió en un recurso. Dado que, desde el punto de vista humano, no hay límite para la materia y la energía potencialmente utilizables en el universo, no existe el problema de que se agoten los recursos. El único problema es qué recursos se desarrollarán y a qué coste.
Existe tecnología incipiente, por ejemplo, para generar energía a través de las olas del océano o utilizar colectores en órbita que convertirían y enviarían energía a la Tierra mediante microondas o láser.
Y el profesor John Lewis, de la Universidad de Arizona en Tucson, ha trabajado seriamente en la tecnología y la economía de la extracción de minerales de los asteroides.
Se supone que el Desarrollo Sostenible satisface "las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades". Esta definición es colectivista hasta la médula. No sólo ignora a los propietarios individuales de bienes, sino que, de hecho, otorga la titularidad de esos bienes a un futuro colectivo no nacido -ni siquiera a futuros individuos que podrían heredar títulos de propiedad-, sino a las "generaciones futuras". La definición de Desarrollo Sostenible de la Agenda 21 fue tomada de la Constitución de 1977 de la Unión Soviética.
Además, esta concepción supone que se puede juzgar en un momento dado si algún uso de un activo será sostenible en el futuro. Pero ese conocimiento es prácticamente inalcanzable. Hace un siglo, las estimaciones de que Estados Unidos perdería pronto sus bosques -un recurso renovable- eran erróneas; hoy tenemos más bosques que entonces. Las predicciones de entonces de que Estados Unidos se quedaría sin petróleo en pocas décadas también resultaron espurias. Pensemos en la locura que supondría que nuestros antepasados se hubieran empeñado en ahorrar aceite de ballena para iluminar algunos hogares durante el siglo XX.
Pero más fundamental es el hecho de que no podemos saber cómo afectará la tecnología al uso sostenible de un determinado bien en el futuro. Una instantánea no es una película. La historia de Estados Unidos muestra un progreso material a lo largo de los siglos pasados se mire por donde se mire. Si nos hubiéramos preguntado en un momento dado si el uso de un bien era sostenible sin conocer las tecnologías futuras que son sencillamente incognoscibles antes de que se creen, no cabe duda de que la mayor parte del desarrollo y el progreso no se habrían producido.
Esto saca a relucir otro fallo en la definición de Desarrollo Sostenible. Es probable que las generaciones futuras vivan mejor que las actuales si los gobiernos no sabotean el crecimiento económico mediante expropiaciones, impuestos y regulaciones. En todo caso, la generación actual se convierte en víctima al renunciar al uso de los recursos en beneficio de las futuras. La generación actual lega a la futura una riqueza de capital y conocimientos. Eso significa que las generaciones futuras no tendrán que reinventar la rueda.
Otro problema del desarrollo sostenible es que no genera beneficios netos demostrables. A menudo, la Agenda 21 y los planes de crecimiento inteligente se limitan a definir el progreso en términos de preservación de un bien concreto en un contexto restringido: preservar un hábitat para algún ratón o insecto concreto, por ejemplo.
Estos problemas del Desarrollo Sostenible demuestran que, en el mejor de los casos, es un embrollo subjetivo y colectivista, y que su aplicación destruirá inevitablemente el control privado de la propiedad y, con él, la propia libertad.
Además de los problemas filosóficos del Desarrollo Sostenible, el proceso por el que se promueve a través de la Agenda 21 y los Acuerdos de Río son antitéticos a las instituciones políticas de una sociedad libre. Para empezar, la Agenda 21 nunca fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos. Sin embargo, el Presidente Clinton creó en 1993, por Orden Ejecutiva, el Consejo Presidencial para el Desarrollo Sostenible con el fin de aplicar la Agenda 21. Esto forma parte de una tendencia creciente a aplicar lo que se conoce como "derecho indicativo", es decir, acuerdos internacionales que no se revisan ni aprueban legislativamente. Actuando por su cuenta y violando la separación de poderes y los conceptos de federalismo, el poder ejecutivo está actuando de forma independiente para reestructurar la gobernanza estadounidense. La aplicación estadounidense de la Agenda 21 está acelerando el declive del derecho objetivo.
La estrategia de los promotores de la sostenibilidad consiste en desdibujar los límites, incluidos los creados por la propiedad privada y las subdivisiones políticas, y asaltar el erario público. Aunque la aplicación de la Agenda 21 nunca fue autorizada por el Congreso, éste destina cientos de miles de millones de dólares cada año a programas que fomentan su aplicación.
También los consejos creados para desarrollar y aplicar localmente la Agenda 21 a través de Smart Growth o el Wildlands Project son esencialmente modelos de los "soviets" o consejos que constituían la base en teoría de la antigua Unión Soviética. Los consejos no son elegidos, sino autoseleccionados. De este modo, eluden todas las salvaguardias constitucionales a las que están sujetas las leyes e incluso las normativas creadas por la burocracia en Estados Unidos. Suelen estar dominados por activistas cuyos objetivos son antitéticos a la libertad.
El crecimiento inteligente pretende concentrar a la población en centros urbanos muy poblados.
Los propios objetivos y estructuras de estos nuevos soviets suponen la negación de los derechos de propiedad. Para empezar, la noción de "partes interesadas", que son nombradas o designadas, no elegidas, supone que otros tienen voz y voto sobre el uso de la propiedad de uno. No se trata de una situación en la que un individuo pueda reclamar a otro por violar sus derechos de propiedad. Por ejemplo, si un individuo vierte sustancias contaminantes en su propiedad y éstas se filtran a las aguas subterráneas que contaminan el lago situado en el terreno de otro individuo, éste podría presentar una demanda contra el contaminador. Pero la noción de "parte interesada" simplemente supone que cualquiera puede tener un derecho arbitrario sobre la acción o la propiedad de otro.
El objetivo de estos soviets es lograr un consenso entre las partes interesadas. Pero un "consenso" significa, por definición, que los propietarios se verán obligados a utilizar su propiedad o a restringir su uso de acuerdo con los dictados del soviet. Por supuesto, es muy probable que los propietarios no consientan que se restrinja el uso de sus tierras. Pero las recomendaciones finales del consejo ni siquiera son votadas por los miembros del consejo con el dictamen de la mayoría. Más bien, el facilitador o los miembros designados, que suelen ser los activistas contrarios a la propiedad, elaboran el plan. A menudo, si no consiguen el consenso, se limitan a redactar un informe con el resultado esperado.
En Santa Cruz (California), Lisa Rudnick, analista investigadora de Freedom 21 Santa Cruz, asistió durante varios años a las reuniones de "Agenda 21 Local de Santa Cruz". (Nota del editor: Local Santa Cruz Agenda 21 se conoce ahora como Freedom Advocates.) El programa consistía en doce "mesas redondas". Los participantes no tenían margen para debatir la premisa de la Agenda 21, pero sí para resolver detalles que mitigaran los objetivos colectivistas. Las mesas redondas abarcaron prácticamente todos los aspectos de la vida: uso del suelo, educación, sanidad, reproducción, transporte, vivienda, empleo y mucho más. Cuando se emitió el informe para su aplicación como "ley blanda" y fue "adoptado" por la Junta de Supervisores elegida, las opresivas recomendaciones no se parecían en nada a los resultados del debate "consensuado". Bajo diferentes títulos, casi todos los condados de Estados Unidos han pasado o están pasando por un proceso similar de consenso preestablecido para la aplicación de un resultado predeterminado.
Un objetivo económico de la Agenda 21 es el establecimiento de un sistema de asociaciones público-privadas. Las asociaciones público-privadas combinan la fuerza del gobierno con el poder de las empresas. Consisten en acuerdos coordinados entre agencias gubernamentales, ONGs, fundaciones aristocráticas, algunas corporaciones multinacionales, otras empresas cumplidoras y muchas organizaciones sin ánimo de lucro. Su creciente influencia, trabajando bajo el paraguas del Desarrollo Sostenible, eliminará por completo la libre empresa. La asociación de facto entre The Nature Conservancy, las agencias reguladoras y los mecanismos de financiación gubernamentales ha procedido a implantar de forma significativa el Proyecto de Zonas Silvestres a expensas de los propietarios de tierras y proveedores de recursos naturales de la libre empresa. Los promotores privados de viviendas en el marco del Crecimiento Urbano Inteligente pueden recibir terrenos, subvenciones financieras federales y estatales y exenciones en la tramitación de permisos a cambio de asociarse con la "Autoridad de la Vivienda" del gobierno local y de construir conforme a criterios de Desarrollo Sostenible. Estos criterios pueden incluir: control del uso del agua y la electricidad, provisión de guarderías preescolares públicas, restricciones al uso del automóvil, densidades mínimas, uso mixto obligatorio, restricciones a la reventa, restricciones a los alquileres, normas de estilo de vida, etc. Incluso asociaciones aparentemente inocuas presagian el nuevo mundo de la Agenda 21. La liga local de restaurantes ecológicos es una certificación de restaurantes financiada por el gobierno que se concede a los que cumplen normas ecológicas "voluntarias": sólo se ofrece agua a los clientes que lo soliciten, inodoros sin cisterna, un menú en el que sólo se sirve pescado de la lista "sostenible" de la Fundación Packard, etcétera. Las zanahorias y los palos del gobierno empiezan a dominar incluso la gestión de un restaurante. El criterio definitivo para las empresas estadounidenses bajo la Agenda 21 se convierte en: ¿Eres amigo del gobierno? ¿Cumples las políticas de sostenibilidad? Olvídate de la idea de que el cliente es el rey. La Agenda 21 es el nuevo rey de la ciudad.
El objetivo final de la Agenda 21 es la gobernanza mundial en el marco de la Carta de las Naciones Unidas.
Por supuesto, un grupo de particulares podría decidir lo que quisiera sobre cómo se debe utilizar la propiedad, pero esas conclusiones no serían más que opiniones que los propietarios podrían ignorar. Por ejemplo, examinemos la situación de un propietario que cultiva a fondo su propia finca. Su acción no perjudica ni daña de forma apreciable la propiedad de otro. En una sociedad libre, no se trata de obtener el "consenso" de sus vecinos o del gobierno. Si a los miembros de algún consejo privado no les gusta esta práctica, ¡qué pena! El derecho del agricultor a su propiedad significa que puede hacer con ella lo que le plazca y no tiene que responder ante nadie a menos que infrinja las normas del derecho consuetudinario en materia de molestias.
Las conclusiones del consejo deben estar respaldadas por la fuerza del gobierno si se quieren violar los derechos de los propietarios. Los defensores de la Agenda 21 disponen de numerosos medios para dotar a las conclusiones de los consejos del respaldo de la fuerza gubernamental. Los legisladores estatales o los consejos de condado podrían aprobar los planes. O una agencia federal podría imponer la agenda en virtud de su autoridad reguladora.
Un problema para los propietarios es que los pequeños soviets trabajan a muchos niveles con muchas autoridades gubernamentales y ONG. Pueden recurrir a planes listos para aplicar a situaciones locales. Así, los propietarios suelen necesitar mucho dinero y tiempo para librar batallas en muchos frentes.
Los colectivistas estatales tanto de la izquierda como de la derecha colaboran en la sovietización emergente del proceso gubernamental estadounidense. Ambos trabajan su parte de una moneda de dos caras diseñada para implementar los programas de Agenda 21 de uso global de la tierra, educación global y control y reducción de la población. A menudo los ejecutores no son conscientes de ello; algunos están motivados por un cheque, una subvención o una ventaja interna. Otros agentes del cambio comprenden la filosofía y los objetivos que subyacen a la globalización política de la Agenda 21.
El Desarrollo Sostenible/Agenda 21 está regionalizando rápidamente América. La regionalización provocará la colectivización de la propiedad y de la acción humana. El objetivo filosófico es el individualismo: el derecho de cada uno a una vida propia.
El objetivo final de la Agenda 21 es la gobernanza mundial de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. George H.W. Bush dijo en 1992: "Son los principios sagrados consagrados en la Carta de las Naciones Unidas a los que el pueblo estadounidense jurará lealtad en lo sucesivo." La Agenda 21 pretende transformar la cultura política estadounidense. El concepto filosófico básico que subyace a esta transformación queda patente al hacer referencia al artículo 29, apartado 3, de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU: "Los derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas". La guerra no anunciada que se libra dentro del gobierno estadounidense es contra la libertad individual, la razón y la justicia igualitaria.
El programa de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, Agenda 21, es una nueva y peligrosa amenaza para la libertad y la propiedad de los ciudadanos estadounidenses. Utiliza como instrumento de restricción del uso de la propiedad un conjunto coordinado de soviets locales, regionales y de cúspide que socavan las salvaguardias políticas en una sociedad libre. Una vez establecidas las organizaciones e instituciones, resulta extremadamente difícil desarraigarlas. Los estadounidenses que valoran su libertad deben comprender los problemas filosóficos y políticos de esta amenaza si quieren contrarrestarla eficazmente. Los derechos de propiedad son un requisito indispensable de una sociedad libre: por eso deben ser restaurados.
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